Por: Anyely Vanessa Durán
El Consejo Extraordinario de Seguridad Unificado en Neiva, liderado por el gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera, se presentó como un espacio de balance y rendición de cuentas sobre las estrategias de seguridad en el departamento. Sin embargo, las cifras positivas anunciadas contrastan con una realidad compleja en la que la percepción ciudadana y las estadísticas oficiales aún dibujan un panorama incierto. El secretario de Gobierno Departamental, Juan Carlos Casallas, resaltó los avances en materia de pie de fuerza, cuadrantes policiales y la implementación de cámaras de vigilancia. Según sus declaraciones, los esfuerzos de la administración departamental han llevado a un incremento en la cobertura de seguridad, pasando de 11 a 25 cuadrantes en la región, con la proyección de alcanzar 40 para enero de 2025. Además, destacó inversiones millonarias en infraestructura para la fuerza pública, incluyendo vehículos y sistemas de vigilancia, con más de 600 nuevos soldados desplegados.
Sin embargo, las inquietudes persisten. Aunque el gobierno celebra la instalación de 300 cámaras en Neiva y otros municipios estratégicos como Pitalito y San Agustín, los ciudadanos cuestionan su impacto real. ¿Cómo se refleja este despliegue tecnológico en la vida cotidiana de los huilenses? Para muchos, las cámaras son un recurso útil, pero insuficiente frente a problemas estructurales como el aumento de la extorsión, un delito que afecta de manera crítica a comerciantes y empresarios en la región.
La extorsión como el talón de Aquiles
El principal foco de preocupación en el Huila sigue siendo la extorsión. El anuncio de un grupo especial antiextorsión y un nuevo GOES (Grupo Operativo Especial de Seguridad) para el área metropolitana sugiere una intención seria de abordar esta problemática. Sin embargo, la demora en su implementación deja a las víctimas en un limbo, mientras los grupos criminales continúan operando con relativa impunidad.
Además, las críticas hacia el cese al fuego entre el Gobierno Nacional y los grupos armados ilegales ponen en evidencia un vacío en la garantía de seguridad. Según las autoridades, estas organizaciones han incumplido los acuerdos, perpetuando delitos como el reclutamiento forzado y la instrumentalización de la población civil. Pese a los esfuerzos del gobernador y la fuerza pública, el impacto de estas estrategias parece diluirse en territorios donde el miedo sigue marcando el ritmo de la vida diaria.
La desconexión entre discurso y realidad
El discurso oficial en el Consejo de Seguridad resalta logros, pero la percepción ciudadana difiere. Mientras las autoridades celebran resultados, los habitantes de municipios limítrofes con el Cauca enfrentan la amenaza constante de desplazamientos forzados y violencia. Las inversiones millonarias y los refuerzos de soldados aún no han logrado traducirse en una tranquilidad palpable para las comunidades.
El llamado a la acción no solo debe dirigirse al Gobierno Nacional, sino también a fortalecer estrategias locales que integren a la población en la construcción de seguridad. Más allá de cifras y recursos, lo que realmente requiere el Huila es un enfoque humano que priorice la prevención del delito y la reparación del tejido social afectado por décadas de conflicto. En el balance presentado en este consejo, el gobierno departamental busca transmitir confianza, pero queda la pregunta: ¿Estas acciones serán suficientes para cambiar la narrativa de inseguridad en el Huila? Solo el tiempo y la experiencia de quienes viven en estos territorios, tendrán la última palabra.