Por: Anyely Vanessa Durán
En un país que levanta constantemente la bandera por la defensa de los derechos humanos, las recientes atrocidades cometidas contra los niños en Colombia son un recordatorio de la fallida promesa de justicia. A diario, los titulares exponen la violencia brutal que enfrentan los menores: asesinatos, abusos y maltratos que destruyen no solo vidas, sino el futuro de una sociedad entera. Pero la respuesta de nuestro sistema judicial es indignante. Las leyes que deberían proteger a los más indefensos se quedan en discursos, mientras que la impunidad reina en favor de los victimarios. La justicia colombiana, lejos de resguardar a los niños, es una fortaleza para quienes los dañan, protegiendo a estos criminales con normas que premian su conducta o, en el peor de los casos, la excusan.
La permisividad del sistema se refleja en la benevolencia con que se juzga a estos delincuentes. La Constitución y las leyes colombianas, aún con reformas y modificaciones, permiten que asesinos y violadores de niños reciban beneficios como rebajas de pena, salidas anticipadas e incluso tratamientos preferenciales bajo la justificación de una posible resocialización. El código penal parece diseñado para proteger a los victimarios antes que a las víctimas. En este contexto, la cadena perpetua y otras sanciones realmente ejemplares deberían ser una realidad inminente, no una utopía. Sin embargo, el Congreso y el sistema judicial persisten en aplazar decisiones, argumentando obstáculos técnicos o excusándose en la defensa de derechos humanos que ignoran la naturaleza irreparable de estos crímenes.
Muchos legisladores, con su retórica de compromiso social, se oponen a sanciones más fuertes, argumentando que las penas perpetuas no resuelven el problema de fondo. Pero ¿Acaso los mecanismos actuales han servido para proteger a los niños y a la ciudadanía en general? Las cifras demuestran lo contrario. Las reformas no han hecho sino encubrir una cruda realidad: El estado colombiano es incapaz de proteger a la niñez, mientras los victimarios encuentran en la justicia un refugio. A estos defensores de la “rehabilitación”, habría que preguntarles cuántas vidas más están dispuestos a sacrificar en nombre de una reintegración que, en la mayoría de los casos, es solo una fantasía legal. ¿Cuántos niños y niñas más deberán sufrir violencias, ser abusados y morir para que entiendan que los victimarios no merecen segundas oportunidades?
La impunidad es un caldo de cultivo para que estos crímenes sigan ocurriendo. En lugar de ser una barrera infranqueable, nuestro sistema judicial se ha convertido en un camino fácil para los criminales, especialmente para aquellos que atacan a los más vulnerables. Mientras tanto, las víctimas y sus familias son condenadas a cargar con un dolor y una injusticia que jamás termina. Colombia no solo necesita leyes; necesita compromiso político y social para aplicar sanciones drásticas. La cadena perpetua para violadores y asesinos de niños y niñas no es una medida de odio ni un deseo de venganza; es una cuestión de justicia y de resguardo a la niñez, de hacer que estos criminales no vuelvan a poner un pie en las calles.
La sociedad colombiana no puede seguir tolerando este sistema fallido que otorga beneficios a quienes atentan contra los niños. Es hora de exigir una reforma contundente, de proponer y aprobar leyes que protejan a los menores con sanciones inflexibles, sin redenciones ni excusas. No se trata de llenar cárceles ni de quitar oportunidades; se trata de enviar un mensaje claro y definitivo a quienes, sin escrúpulos, atentan contra el futuro de un país. La justicia no puede seguir siendo floja; debe ser una fuerza que inspire temor a quienes piensen en dañar a la niñez.
Quienes legislan, quienes juzgan y quienes gobiernan tienen una deuda histórica con la niñez colombiana. Mientras que estos menores viven situaciones de terror, el país observa cómo, una y otra vez, la justicia sigue justificando a los criminales. Es hora de reconocer que el sistema ha fracasado en su rol de protección y que necesitamos medidas drásticas. Colombia no puede seguir siendo un país donde la niñez no tenga garantías de seguridad ni justicia. Es momento de actuar con determinación, de construir un sistema que no premie la crueldad, sino que sea implacable con quienes quebrantan la esencia misma de la humanidad. Solo así podremos aspirar a un futuro donde la niñez colombiana sea verdaderamente respetada, protegida y valorada.