El miércoles 30 de agosto, la jurisdicción especial para la paz (JEP) imputó cargos al ex general Mario Montoya por haber sido “autor de crímenes de guerra y lesa humanidad” según las declaraciones, se le acusa de haber cometido 130 ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas durante el periodo 2002-2003 como comandante de la brigada IV en medellín.
Esta será la primera vez que un excomandante del ejército colombiano es imputado en la investigación de falsos positivos, además es acompañado por ocho militares acusados por los mismos delitos. Montoya y los otros imputados tienen 30 días hábiles para reconocer o rechazar los hechos, tomada su decisión la JEP lo procesa debidamente, de negarse los cargos podría enfrentarse hasta 20 años de cárcel.
Las declaraciones y testimonios en su contra, afirman que Montoya solicitó “ríos de sangre”, priorizando los asesinatos sobre capturados. Declaraciones que él ha negado, despreciando a los soldados que denuncian estos crímenes, haciendo fuertes declaraciones sobre la inteligencia de aquellos que ejecutaron civiles.
Aunque es una imputación importante para familiares de las víctimas estigmatizadas de guerrilleros, entre ellos menores de edad, que fueron ejecutados durante bajó la orden del general. Las investigaciones llevan hacia altos cargos en los territorios del caribe y la región andina durante el gobierno de Alvaro Uribe, que esperan se lleven a cabo luego de la imputación al exgeneral montoya.