Por: Anyely Vanessa Durán
La justicia en Colombia está gravemente herida, desangrada por una desigualdad que parece ser estructural y sistemática. Los casos de impunidad y corrupción no son la excepción, sino la norma. Tener dinero o fama se ha convertido en un escudo que protege a muchos del peso de la ley. Se inventan excusas, se maquillan las verdaderas intenciones y al final los poderosos logran salirse con la suya. Colombia lidera en desigualdad social entre 182 territorios analizados en América Latina según el Índice de Desarrollo Regional para Latinoamérica (Idere Latam). En un país donde la desigualdad es tan evidente, la justicia no puede ser diferente, pues parece estar diseñada para proteger a unos pocos privilegiados.
Lo ideal sería que la ley se aplicara de manera igualitaria, sin excepciones ni privilegios. Pero la realidad nos muestra algo muy distinto. En Colombia, la justicia es implacable solo con los más débiles, con aquellos que no tienen recursos para defenderse. Las personas adineradas encuentran maneras de evadir sus responsabilidades mientras que los más desfavorecidos son condenados y muchas veces sin un juicio justo. Pese a los intentos de reformas y de hacer cumplir la ley de manera equitativa, los avances son casi nulos. La balanza siempre se inclina hacia los mismos dejando a los demás atrapados en un sistema que parece diseñado para mantener la desigualdad.
El narcotráfico es solo uno de los muchos ejemplos que demuestran cómo la justicia está corrompida, este negocio ilícito alimenta a los corruptos y los protege. No es casualidad que Colombia sea el mayor productor de cocaína del mundo. Según El Tiempo, los ingresos del narcotráfico aumentaron un 150% en el último año, representando un 5% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Este fenómeno no solo socava la economía legal, sino que también pervierte la justicia. El dinero del narcotráfico compra influencias, compra favores, y compra impunidad.
En resumen, la justicia en Colombia se ha convertido en un monopolio manejado por el dinero, donde los ricos y poderosos se ríen de la ley mientras los más pobres son condenados. La ley, que debería ser el pilar de una sociedad equitativa, ha sido capturada por quienes la usan a su conveniencia. Esto ha llevado al país a una situación caótica donde la calidad de vida sigue deteriorándose y los ricos se benefician de un sistema que les favorece. La justicia se ha transformado en un monopolio controlado por el dinero. Aunque el código penal establece que cualquier acción que infrinja la ley debe ser castigada, esta norma parece no aplicarse a quienes cuentan con los recursos para manipular el sistema a su favor. Las promesas de equidad y justicia se han convertido en una fachada para justificar la expansión del narcotráfico y otros delitos, mientras la verdadera justicia continúa desangrándose en Colombia.